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MARÍN.el casco antiguo obligarán a su utilización.                                 

Escrito por mpierres o 8 enero 2012
Faro de Vigo /Marín /JSP/07.01.2012
Fomento y el Instituto Galego da Vivenda ofrecen subvenciones complementarias.

 

Solo podrán recibir ayudasdel ARI con el que se pretende rehabilitar el casco antiguo de Marín, aquellos propietarios que vayan a ocupar las casas o alquilarlas tras la recepción de las ayudas y realización de las mejoras tanto en las casas ya habitadas como en aquellas que actualmente no lo estén pero que  recuperen  su utilidad de inmediato.


Las viviendas rehabilitadas deberán dedicarse a residencia habitual de sus propietarios o a ser alquiladas al menos por un período no inferior a los cinco años tras la finalización de las obras necesrias y subvencionadas. Según indica la normativa por la que se rige el ARI, los ingresos familiares ponderados de las personas físicas beneficiarias no deberán ser superiores a 6,5 veces el IPRE. Por otra parte, se indica enla  información  remitida al efecto desde el Concello que el Ministerio de Fomento podrá conceder una subvención para rehabilitación de viviendas y edificios y superación de situaciones de  infravivienda por un importe no superior al 40% del presupuesto protegido con una cuantía máxima por vivienda rehabilitada de 5.000euros y, con carácter complementario, el Instituto Galego da Vivenda e Solo con cargo a sus presupuestos podrán subvencionar con una cuantía similar.

 

 

 

 

La Xunta rectifica otra vez y ya no desprotegerá todo el suelo rústico:

 

Escrito por mpierres o 4 noviembre 2010
La Voz de Galicia - Jose Precedo-Pablo López - 3.11.2010

 

La Lei de Acompañamento dos Orzamentos volverá al Consello de la Xunta para ser modificada sólo dos semanas después de que el Gobierno le diese el visto bueno en una reunión extraordinaria celebrada el martes 19 de octubre que sirvió para aprobar las cuentas públicas de 2011. De este modo, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que preside Agustín Hernández pretende evitar cualquier “inseguridad jurídica” derivada de la nueva redacción de la Lei do Solo que la Xunta ha modificado utilizando el trámite presupuestario para rebajar la protección a los suelos rústicos de protección agropecuaria y forestal.

Finalmente, después de que EL PAÍS publicase ayer que el texto literal de la norma, una vez modificada, suprimía la especial protección de los cauces de los ríos, de los 200 primeros metros de la costa, de los espacios naturales, del paisaje, de infraestructuras o de aquellas zonas que tengan un especial interés patrimonial, artístico o histórico, la consellería de Hernández ha decidido modificarlo de nuevo para “evitar que la actual redacción dé pie a cualquier posible interpretación del citado artículo”.

El propio Agustín Hernández explicó ayer a este diario que nunca estuvo en su ánimo desproteger todos esos suelos y que el error se debió a que el nuevo enunciado sólo incluyó los dos apartados que se modificaron, sin aclarar que los otros seis seguían vigentes y con la misma redacción. La argumentación es similar a la que su departamento ofreció el pasado viernes a este diario -”no hay ninguna intención de desproteger nuevos suelos”-, si bien entonces la consellería negó que el texto, donde se suprimían esas seis categorías, llevase a confusión y ni tan siquiera contempló la opción de tener que rehacerlo.

Ahora, para deshacer este entuerto legal, la Xunta “realizará las matizaciones o puntualizaciones pertinentes para que no exista ninguna duda al respecto de las modificaciones previstas”. Y aclara que los únicos suelos que perderán su blindaje son los rústicos de protección agropecuaria o forestal para permitir la instalación de industrias. Este cambio, según explican fuentes de Medio Ambiente, está pensado para evitar los problemas legales que impiden desarrollar la Plataforma Logística Industrial Salvaterra As Neves afectada por una sentencia judicial que anula un tercio del macropolígono industrial donde prevé instalar Mitsubishi su fábrica de baterías, una iniciativa empresarial clave para el sector del autómovil.

La modificación, en cualquier caso, afecta a todos los suelos rústicos agropecuarios o forestales que podrán, de ahora en adelante, albergar naves empresariales siempre que cuenten con un informe favorable que debe emitir la propia consellería de Hernández.

Según explica el Gobierno gallego, el resto de epígrafes de la ley del suelo (los que afectan a las otras seis categorías de especial protección) permanecen “invariables”. Será la Consellería de Facenda -responsable de haber tramitado la ley de acompañamiento- la que efectuará una “modificación técnica” en la norma para subsanar “el error”. Una vez corregido, pasará de nuevo por el Consello de la Xunta que le dará el visto bueno, antes de que regrese al Parlamento para su posterior tramitación, vistas las aportaciones de los distintos grupos.

Desde que se aprobaron los presupuestos para 2011 otros conselleiros admitieron también “errores” en sus cuentas. El titular de Educación, Jesús Vázquez, cinco días después de que EL PAÍS publicase que los fondos para becas caen a la mitad, alegó que se trataba de un error que sería solventado en la tramitación parlamentaria. La propia titular de Facenda, cuando tuvo que comparecer, asumió el mea culpa de una partida prevista para el futuro hospital de Vigo que también habrá de ser revisada en el hemiciclo.

 

 

 

“El urbanismo debe hacerse con participación ciudadana”

Escrito por mpierres o 2 agosto 2011
Fuente: El Pais -JOSÉ LUIS ESTÉVEZ - Santiago - 30/07/2011

 

Debate de arquitectos sobre las políticas de territorio

Medio centenar de profesionales relacionados con el mundo de la arquitectura se reunieron ayer en la sede de la fundación María Martínez Otero de A Estrada, para participar en unas jornadas en las que diversos ponentes hablaron sobre las relaciones entre la arquitectura y el territorio rural. Durante el debate que se desarrolló después de una de las conferencias, varios arquitectos señalaron como uno de los graves problemas de la planificación urbanística en España en general y Galicia en particular la poca participación de los ciudadanos en el diseño de las actuaciones.

Durante el coloquio, el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, José Manuel Casabella, apuntó que una de las dificultades con las que se encuentran los arquitectos a la hora de poner en marcha sus proyectos es la casi nula presencia de los ciudadanos en los mismos. “Los planes urbanísticos se exponen durante unos días y las alegaciones que se presentan son por el interés particular de cada uno, pero casi nadie se preocupa por cómo afecta ese plan al espacio público”, indicó Casabella, quien también destacó que los políticos se preocupan principalmente de aprobar los planes de ordenación urbana con rapidez y no por el cuidado de los espacios públicos presentes en esos planes. Casabella añadió que la responsabilidad no es exclusiva de los políticos ya que las dificultades que existen para cambiar los planes urbanísticos de los municipios hacen que estos busquen “la mayor operatividad posible”.

Por su parte, el organizador de las jornadas, José Valladares, de RVR Arquitectos, explicó que en la elaboración de los planes urbanísticos las mayores preocupaciones son por el “qué” y no por el “cómo” y eso lleva a que el papel de la arquitecto cada vez sea menos importante. Valladares pidió una reflexión sobre este asunto ya que, a su juicio, la arquitectura ha abandonado campos que no debía haber dejado de lado y eso hace que los planes urbanísticos cada vez dependan más de cuestiones jurídicas y menos de los criterios técnicos para diseñar los espacios adecuados para el disfrute de los ciudadanos.

Durante las jornadas presentaron sus ponencias el artista visual Alvaro Negro y los arquitectos Bert Gellynck, Nadia Casabella, Juan Creus, Covadonga Carrasco y Carlos Quintáns. Nadia Casabella explicó que en Bélgica se ha puesto en marcha en los últimos años una nueva normativa que puede ser interesante para Galicia, ya que contempla la aparición de nuevos instrumentos en la elaboración de planes urbanísticos que tienen más en cuenta a los ciudadanos y facilitan su participación.


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